USUARIOS DE INTERNET EN CONTRA DE LA INTERVENCIÓN EN REDES O COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

Internautas han criticado el decreto que permite al Gobierno intervenir redes sociales o servicios de comunicaciones electrónicas cuando supongan una amenaza para el orden público, y han señalado que cuando se trata de medidas que afectan a las libertades ciudadanas debería intervenir un juez, así lo ha reseñado la agencia de Noticias EFE.

Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), ha expresado su “preocupación” por esta nueva regulación aprobada por el Gobierno ya que considera que se trata de una medida que afecta las libertades de los ciudadanos.

El Gobierno aprobó recientemente una regulación, que tiene carácter excepcional y transitorio, que permite intervenir las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales: cuando afecten al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional, señala el texto publicado en el BOE.

Intervenir cuando el contenido no gusta

Al amparo del nuevo decreto el Ejecutivo podría, según Pérez Subías, intervenir “simplemente” cuando el contenido de una página web no le gusta, y ha insistido en la importancia de que intervengan al menos dos poderes en este tipo de actuaciones.

A modo de ejemplo, el presidente de la AUI ha expuesto que el Gobierno no tiene capacidad para intervenir una conversación telefónica o una telecomunicación, y ha agregado que tampoco debería tenerla para actuar contra una web o una red si no es a través de mandato judicial.

Community Management

Medidas por decreto

Desde la Asociación de Internautas también han criticado el texto, “el Gobierno nos regaló ayer en el BOE un decretazo que le atribuye competencias digitales que la Constitución reservaba para situaciones extremas, y solo previsibles mediante la declaración del estado de excepción”.

Alguno de sus artículos, puestos en relación con la Ley sobre los Estados de alarma, excepción y sito (1981), “nos lleva a determinar que estas medidas son propias del estado de excepción y requerirían la autorización del Congreso de los Diputados”.

“Se trata de una medida muy restrictiva, que no resulta tecnológicamente neutra, y que difícilmente tiene justificación a la vista de la múltiple normativa ya aplicable tanto a nivel europeo como español en el ámbito de la identificación y firma por medios electrónicos, así como en materia de protección de datos personales”, ha resumido en la nota de la Asociación de Internautas.

Para este experto, “nos encontramos en definitiva ante una normativa aprobada para dar respuesta a un supuesto muy concreto, cuya redacción ha sido realizada en base a él, y que potencialmente puede afectar a múltiples derechos fundamentales. Las buenas prácticas normativas no hacen recomendable una aprobación en estos términos”.

El campo de las regulaciones en cuanto al uso de las tecnologías tiene mucho por avanzar, sin embargo, quienes se puedes ver afectados son los profesionales que entran en los nuevos perfiles de estudiantes que cursan un máster en Community Management, en Social Media Manager, redes sociales, o se especializan como creadores de contenidos y posicionamiento en buscadores.

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