Durante la campaña electoral del año 2004, Jose Luís Rodriguez Zapatero, al frente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), incluyó en su programa electoral una promesa de reforma del Código Civil históricamente reivindicada por colectivos de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI): la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Tras ese anuncio, las manifestaciones, tanto a favor como en contra, se multiplicaron en los espacios públicos y de debate de toda España. Periódicos, televisiones, radios, series, artistas, personajes públicos y anónimos mostraron tanto su rechazo como su aprobación sobre la medida anunciada por el entonces líder socialista. Las reivindicaciones del colectivo gay habían entrado en la agenda política y vida pública española, llevando al país a un debate global que evidenció la división de su sociedad entre defensores y detractores.
Tras una dura e histórica campaña electoral, el PSOE ganó las elecciones el 13 de marzo de 2004 por mayoría simple y Rodríguez Zapatero fue investido Presidente del Gobierno de España el 16 de abril. La aprobación de esta medida tuvo que esperar hasta el 30 de junio del 2005 con los votos en contra del Partido Popular (PP) y Unió Democrática de Catalunya (20 Minutos, 30 junio 2005). El matrimonio igualitario equiparó en derechos civiles a todos los individuos sin importar su orientación sexual a la hora de contraer matrimonio.
Como cabía esperar, esta fue ampliamente sonada y criticada por las secciones más conservadoras de la sociedad española. El primer partido de la oposición, el Partido Popular, junto con asociaciones vinculadas a la Iglesia Católica y otros colectivos conservadores llamaron a la movilización social en defensa de la familia tradicional con el fin de tumbar el hoy conocido como matrimonio igualitario. El 30 de septiembre del 2005, el Partido Popular liderado por el ya expresidente Mariano Rajoy presentó un recurso al Tribunal Constitucional contra la ley de matrimonio homosexual por considerarla “inconstitucional por desvirtuar la institución social y jurídica del matrimonio” en declaraciones a los medios (El Mundo, 30 septiembre 2005). Con ello se abrió un debate sobre el carácter homófobo de la derecha española, e integrantes del PP, como Celia Villalobos y Esperanza Aguirre, mostraron su desacuerdo con la medida tomada por su partido. Esto mismo llegó a abrir un opaco debate interno en el partido sobre la posición ideológica de la derecha tradicional española y su necesidad de actualizarse a las necesidades sociales del nuevo siglo.
La llegada del matrimonio homosexual a nuestro país lanzó a España hacia una vanguardia sobre diversidad y tolerancia sexual de la que solo dos países más podían presumir. Nuestra democracia se convirtió en la tercera del mundo en reconocer jurídicamente este derecho, tras Holanda y Bélgica (El Mundo, 30 junio 2005). Así es que, según un estudio del Centro de Investigaciones Pew Research Center (2013), España contaría con la sociedad más tolerante del mundo. Situando el índice de aceptación de la homosexualidad en un 88% de la población en el año 2013. Este mismo no habría dejado de crecer desde 2007, dos años después de la aprobación de la ley del matrimonio homosexual y su tratamiento público por parte de la sociedad española. Esta progresión en el pensamiento colectivo no podía de ninguna manera pasar desapercibida para la política española. Una nueva corriente de pensamiento se ha venido cociendo en las nuevas generaciones españolas tras los estragos de la Gran Recesión del 2008, que se cebaron con los colectivos más indefensos. Esta indignación colectiva tuvo como centro de críticas al bipartidismo, el cuál venía gobernando al país desde el inicio de la democracia y el establishment vio como la sociedad española había vivido un punto de inflexión en su pensamiento. La crisis había resultado ser un caldo de cultivo para la llegada de nuevos valores.
Entre ellos, el discurso feminista y su potente crítica a la sociedad patriarcal caló hondo en los medios de comunicación de masas. Las calles de España comenzaron a clamar por una nueva política, en la que los prejuicios de género y orientación debían ser abandonados y combatidos.
Fue en el año 2015 cuando la nueva política entró en el juego parlamentario. Las elecciones del 20 de diciembre del 2015 dejaron un Congreso de los Diputados fragmentado y un bipartidismo malherido. Este había pasado de un 73% de los votos en 2011 a un ajustado 50% en 2015 (Ministerio del Interior, 2015). La irrupción de Ciudadanos y Podemos en la escena política evidenció la necesidad de empatizar con minorías sociales, desviando el discurso político al que venían acostumbrándose y generando nuevas sensibilidades en los partidos tradicionales. El PP vio como en las primeras filas de su partido empezaron a elevarse voces en favor del colectivo LGTBI. La derecha se había contagiado del espíritu del Orgullo Gay y la pugna por el voto LGTBI había comenzado. La realidad política y social de la España de los últimos catorce años ha cambiado apreciablemente, tanto en su forma como en su contenido. A pesar de que las mayores preocupaciones de los españoles sigan siendo, en su mayoría, las mismas a las que estamos acostumbrados desde que la crisis empezó a dejarse notar, las sensibilidades de la sociedad lo han hecho notablemente.
El nivel de exigencia a la que someten los ciudadanos de hoy día a su clase política no son iguales desde el viraje de la recesión. Los políticos han sido los más criticados y culpados por los estragos surgidos en nuestro país, previo y durante los años de la crisis. La protección a los colectivos menos favorecidos ha sido la bandera de las exigencias de los movimientos surgidos en esos años, por lo que discursos inclusivos como el feminista y LGTBI habrían encontrado el espacio y el momento oportuno para calar en la opinión pública. La política española se ha visto obligada a asumir el discurso que mueve las conciencias de los nuevos electores, esos que nacieron tras la transición.
