Durante la campaña electoral del año 2004, Jose Luís Rodriguez Zapatero, al frente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), incluyó en su programa electoral una promesa de reforma del Código Civil históricamente reivindicada por colectivos de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI): la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Tras ese anuncio, las manifestaciones, tanto a favor como en contra, se multiplicaron en los espacios públicos y de debate de toda España. Periódicos, televisiones, radios, series, artistas, personajes públicos y anónimos mostraron tanto su rechazo como su aprobación sobre la medida anunciada por el entonces líder socialista. Las reivindicaciones del colectivo gay habían entrado en la agenda política y vida pública española, llevando al país a un debate global que evidenció la división de su sociedad entre defensores y detractores.
Tras una dura e histórica campaña electoral, el PSOE ganó las elecciones el 13 de marzo de 2004 por mayoría simple y Rodríguez Zapatero fue investido Presidente del Gobierno de España el 16 de abril. La aprobación de esta medida tuvo que esperar hasta el 30 de junio del 2005 con los votos en contra del Partido Popular (PP) y Unió Democrática de Catalunya (20 Minutos, 30 junio 2005). El matrimonio igualitario equiparó en derechos civiles a todos los individuos sin importar su orientación sexual a la hora de contraer matrimonio.
Como cabía esperar, esta fue ampliamente sonada y criticada por las secciones más conservadoras de la sociedad española. El primer partido de la oposición, el Partido Popular, junto con asociaciones vinculadas a la Iglesia Católica y otros colectivos conservadores llamaron a la movilización social en defensa de la familia tradicional con el fin de tumbar el hoy conocido como matrimonio igualitario. El 30 de septiembre del 2005, el Partido Popular liderado por el ya expresidente Mariano Rajoy presentó un recurso al Tribunal Constitucional contra la ley de matrimonio homosexual por considerarla “inconstitucional por desvirtuar la institución social y jurídica del matrimonio” en declaraciones a los medios (El Mundo, 30 septiembre 2005). Con ello se abrió un debate sobre el carácter homófobo de la derecha española, e integrantes del PP, como Celia Villalobos y Esperanza Aguirre, mostraron su desacuerdo con la medida tomada por su partido. Esto mismo llegó a abrir un opaco debate interno en el partido sobre la posición ideológica de la derecha tradicional española y su necesidad de actualizarse a las necesidades sociales del nuevo siglo.
La llegada del matrimonio homosexual a nuestro país lanzó a España hacia una vanguardia sobre diversidad y tolerancia sexual de la que solo dos países más podían presumir. Nuestra democracia se convirtió en la tercera del mundo en reconocer jurídicamente este derecho, tras Holanda y Bélgica (El Mundo, 30 junio 2005). Así es que, según un estudio del Centro de Investigaciones Pew Research Center (2013), España contaría con la sociedad más tolerante del mundo. Situando el índice de aceptación de la homosexualidad en un 88% de la población en el año 2013. Este mismo no habría dejado de crecer desde 2007, dos años después de la aprobación de la ley del matrimonio homosexual y su tratamiento público por parte de la sociedad española. Esta progresión en el pensamiento colectivo no podía de ninguna manera pasar desapercibida para la política española. Una nueva corriente de pensamiento se ha venido cociendo en las nuevas generaciones españolas tras los estragos de la Gran Recesión del 2008, que se cebaron con los colectivos más indefensos. Esta indignación colectiva tuvo como centro de críticas al bipartidismo, el cuál venía gobernando al país desde el inicio de la democracia y el establishment vio como la sociedad española había vivido un punto de inflexión en su pensamiento. La crisis había resultado ser un caldo de cultivo para la llegada de nuevos valores.
Entre ellos, el discurso feminista y su potente crítica a la sociedad patriarcal caló hondo en los medios de comunicación de masas. Las calles de España comenzaron a clamar por una nueva política, en la que los prejuicios de género y orientación debían ser abandonados y combatidos.
Fue en el año 2015 cuando la nueva política entró en el juego parlamentario. Las elecciones del 20 de diciembre del 2015 dejaron un Congreso de los Diputados fragmentado y un bipartidismo malherido. Este había pasado de un 73% de los votos en 2011 a un ajustado 50% en 2015 (Ministerio del Interior, 2015). La irrupción de Ciudadanos y Podemos en la escena política evidenció la necesidad de empatizar con minorías sociales, desviando el discurso político al que venían acostumbrándose y generando nuevas sensibilidades en los partidos tradicionales. El PP vio como en las primeras filas de su partido empezaron a elevarse voces en favor del colectivo LGTBI. La derecha se había contagiado del espíritu del Orgullo Gay y la pugna por el voto LGTBI había comenzado. La realidad política y social de la España de los últimos catorce años ha cambiado apreciablemente, tanto en su forma como en su contenido. A pesar de que las mayores preocupaciones de los españoles sigan siendo, en su mayoría, las mismas a las que estamos acostumbrados desde que la crisis empezó a dejarse notar, las sensibilidades de la sociedad lo han hecho notablemente.
El nivel de exigencia a la que someten los ciudadanos de hoy día a su clase política no son iguales desde el viraje de la recesión. Los políticos han sido los más criticados y culpados por los estragos surgidos en nuestro país, previo y durante los años de la crisis. La protección a los colectivos menos favorecidos ha sido la bandera de las exigencias de los movimientos surgidos en esos años, por lo que discursos inclusivos como el feminista y LGTBI habrían encontrado el espacio y el momento oportuno para calar en la opinión pública. La política española se ha visto obligada a asumir el discurso que mueve las conciencias de los nuevos electores, esos que nacieron tras la transición.
El objetivo central de este estudio será el aclarar si realmente la defensa pública de los derechos de las personas LGTBI puede hacer ganar unas elecciones a un partido político.
Los objetivos secundarios serán:
a) Evaluar el nivel de sensibilización de los partidos con la defensa de estos derechos.
b) Medir la importancia que la cuestión LGTBI tiene en los electores españoles.
El desarrollo de esta investigación ha dejado clara la urgencia que el colectivo LGTBI ha ido experimentado a lo largo de su historia para conseguir una situación social justa que le asegure el mínimo de dignidad a los gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales. Esta ha quedado claramente reflejada en el progresivo y lento avance de la conquista de derechos que se ha ido desarrollando en los últimos años y ha condicionado su recorrido constantemente. Las pequeñas victorias que se han ido consiguiendo poco a poco han mejorado paulatinamente la vida del colectivo en la sociedad sacrificando muchas veces cuestiones que más adelante han resultado claves para la normalización social.
Esta falta de dinamismo se debe fundamentalmente a la complejidad que tiene instaurar cambios culturales en los valores primarios de la mentalidad humana, ya que su arraigo establece el funcionamiento básico de cada uno de los comportamientos y acciones que cometen todos los individuos. La situación española no ha favorecido el desarrollo de los acontecimientos para que estos cambios se pudieran instaurar en las bases sociales y poder acometer la adecuación que las personas no heterosexuales precisan.
No es hasta principios del nuevo siglo cuando el colectivo se ve suficientemente integrado para proceder a la presión social y acelerar la lucha por sus derechos. Es en este momento cuando la sociedad general es testigo del peso poblacional que las personas LGTBI tienen y de la fuerza que pueden ejercer en cuestiones clave del conjunto social. Este hecho deja patente la obligación de reconocer la igualdad y los derechos de estas para asegurar su buen funcionamiento. A esta nueva visión la acompaña un cambio en las necesidades del país, lo que favorece un punto de inflexión en los valores generales. La moral de las colectividades humanas está en continuo desarrollo, con mayor o menor intensidad, producto del paso del tiempo y sus consecuencias.
En la España actual se van evidenciando cada vez más los efectos que los cambios generacionales producen en el comportamiento del conjunto de los ciudadanos. En el caso español tiene especial repercusión por el contexto político y social en el que se han desarrollado las distintas generaciones. Las personas que nacieron en democracia ya han llegado a la madurez y son actores políticos activos, lo que se refleja fielmente en el cambio de los valores que en la actualidad caracterizan al pueblo español. Los principios democráticos hoy día están firmemente afianzados en la conciencia colectiva, hecho el cual obliga a aplicar sensibilidades anteriormente ignoradas por la política. Este reconocimiento acarrea inevitablemente un proceso de modernización de las bases éticas del pensamiento común y de las exigencias de los ciudadanos a la clase política. El cambio político que surge de esta consecución de fenómenos traslada imprescindible y fundamentalmente la necesidad a los partidos conservadores de apropiarse de cuestiones que el progresismo ha denunciado en el pasado.
La democratización y modernización de los partidos españoles también se ve afectada por la llegada de nuevas opciones al panorama político del país. Los nuevos partidos han incluido en el discurso común formas y contenidos que en el pasado, a pesar de gozar de importancia para muchos ciudadanos, no formaban parte de las cuestiones centrales del país. La mayor sensibilización de los partidos jóvenes junto a esta situación les han servido a diversos movimientos reivindicativos como altavoz para dotarle a muchas cuestiones minoritarias de un mayor calado en el conjunto de los ciudadanos. Esta variedad también multiplica por dos las opciones que pueden llegar a gobernar el país, rebajando considerablemente la fracción de votos por cada fuerza. El reparto porcentual que está sucediéndose en las últimas citas electorales de España muestra la ajustada ventaja que los partidos se sacan entre sí, tomando especial importancia la pérdida o ganancia de unos pocos apoyos.
La fragmentación del escenario político que habita en las instituciones españolas obliga a los partidos a cuidar en un mayor nivel su retórica sobre asuntos de importante carga social. Cada vez más, el apoyo mayoritario de una minoría social puede inclinar el resultado final de unas elecciones hacia la victoria o la derrota. Pero en una sociedad tan numerosa como la española conviven innumerables minorías además de diversas problemáticas, haciendo de la decisión de voto un arduo ejercicio. Esto quiere decir que, en muchos casos, los electores no votan pensando simplemente en una cosa cuando este derecho se ejerce de forma meditada, por lo que es de vital importancia tomar en consideración este factor a la hora de sacar una conclusión al respecto.
Los datos obtenidos por la encuesta que se ha realizado para este estudio reflejan la confianza que los ciudadanos siguen depositando en los partidos políticos para adecuar los derechos del colectivo LGTBI en España. Esto significa que sí los perciben como herramientas efectivas para la conquista de derechos, por lo que la toma en consideración de los mismos resultaría primordial para favorecer o dificultar dichos cambios. También que casi unánimemente las personas preguntadas conciben como un tema importante la cuestión LGTBI dotándole de un papel protagonista a la hora de decidir su voto y además pueden llegar a cambiarlo si la opción política no les convence en este ámbito. En el estudio se refleja la tradición y tendencia de voto que existe entre diferentes grupos sociales. Por edad, los más jóvenes tienden a tener un mayor nivel de concienciación con la cuestión aquí tratada y suelen votar a opciones más progresistas.
Por su parte, los más adultos se muestran más reacios a las nuevas consideraciones que el colectivo LGTBI pretende incluir en la mentalidad común para favorecer su inclusión y en aportar un mayor peso político a las fuerzas progresistas. En este caso, hay que tener en cuenta que la edad media de la muestra es ligeramente inferior a la de la población española, por lo que es de recibo valorar este factor a la hora de establecer unas proporciones más realistas en la intención de voto. Es importante este aspecto porque, como se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos puntos de este trabajo, la sensibilización entre las personas jóvenes es mayor que entre las personas más adultas. Lo que sí parece estar claro entre los encuestados es la concepción que se tiene de cada partido y su respuesta hacia las necesidades del colectivo, siendo PP y Ciudadanos las que menos comprometidas se muestran.
Por estas razones, no se puede asegurar que la defensa pública y el refuerzo del discurso en pro de los derechos de la comunidad LGTBI provoquen una victoria en los resultados obtenidos en unas elecciones. En cambio, sí pueden suponer un alto volumen de fidelización de votos de un grupo social minoritario pero numeroso, facilitando un mejor resultado en unos comicios. La razón de esta primera afirmación no es la falta de implicación que la sociedad española actual parece tener con el colectivo, sino la complejidad de la situación por la que actualmente está atravesando el país. El azote de la crisis económica que estalló en 2008 y los coletazos que aún siguen afectando a muchos sectores de la sociedad siguen teniendo una importante influencia en la elección del voto de los ciudadanos españoles. Con unos datos de paro muy elevados, escándalos de corrupción y previsiones nada optimistas de futuro no parece ser la cuestión LGTBI una de las mayores urgencias sociales actualmente, aunque 43 cada vez haya una mayor sensibilización hacia el tema. Precisamente esta situación es la que ha favorecido la llegada de nuevas fuerzas al escenario político español, las cuales han incluido y obligado a otros partidos a adoptar los derechos de las personas no heterosexuales como un principio importante por las razones que ya se han explicado. Pero teniendo en cuenta la fragmentación política, la tendencia en la concepción de la cuestión LGTBI, el cambio generacional que inevitablemente va a seguir acusando sus consecuencias en la sociedad española y las inclinaciones políticas reinantes en las personas más jóvenes se puede afirmar que, en un escenario donde la estabilidad económica sea una realidad, el discurso y la defensa efectiva de los derechos LGTBI sí serían cruciales para poder ganar unas elecciones. El nivel de importancia del que goza la cuestión entre los encuestados y la influencia en su voto haría imprescindible a los partidos labrarse una imagen amable para postularse como una opción política con posibilidad de victoria.
