El 9 de diciembre de 2022 la exvicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, fue arrestada y puesta a disposición judicial tras haber sido imputada por encontrarse vinculada a un entramado de corrupción y blanqueo de capitales, que posteriormente estaría relacionado con pagos indebidos procedentes de Catar en concepto de influencia política. Esta actuación acabaría siendo complementada con la detención de otras personas ubicadas en la órbita de la Unión Europea como; Francesco Giorgi -asistente del Parlamento Europeo especializado en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos-, Pier Antonio Panzeri -eurodiputado italiano entre 2004 y 2019- y Niccolò Figà -Secretario General de la ONG No Peace Without Justice, de la cual también formaba parte Panzeri-.
Anteriormente, el 15 de marzo de 1999, se produjo una situación inédita en la historia de la Unión Europea. La Comisión liderada por el político luxemburgués, Jaques Santer, decidió presentar en bloque y de forma unánime su dimisión tras haber sido acusada formalmente de corrupción, nepotismo y fraude por un comité de expertos independientes, el cual se encargó de investigar una serie de irregularidades que se manifestaron en la Comisión Santer desde el año 1995. Más recientemente en el año 2018, fuera del sistema institucional de la UE- pero dentro del entorno europeo-, cuatro integrantes de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa fueron sancionados bajo una sospecha de corrupción en la que, habrían recibido sobornos de Azerbaiyán, a cambio de no denunciar la violación de libertades civiles y políticas en dicho territorio.
Si algo tuvieron y mantienen en común algunos de estos sucesos -más allá de la vinculación con regímenes políticos no democráticos o poco consolidados- es el ejercicio de influencia por parte de grupos externos sobre activos políticos europeos, reproduciéndose el uso de prácticas éticamente cuestionables y, sobre todo, ante un marco de falta de transparencia. Por ello, el denominado Qatargate habría puesto de relieve una vez más la necesidad latente de profundizar en el desarrollo de mecanismos de control que regulen las relaciones de los grupos, colectivos y actores con intereses particulares y las instituciones europeas. Algunas organizaciones como Corporate Europe Observatory o ALTER-EU (2018) ya han denunciado en diversas ocasiones la captura del proceso de toma de decisiones en la Unión Europea, destacando el desarrollo de un fenómeno con un posible carácter estructural.
Por otro lado, como señalan Villoria et al. (2015) a pesar de que la actividad del lobby y los servicios de consultoría se encuentran asentados en Bruselas desde hace varias décadas, en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea prima un modelo de interlocución focalizado en el papel predominante que el sistema político dota a los sindicatos y organizaciones empresariales.
